Cada vez es más evidente que las Ayudas Directas no está siendo lo eficaz que se esperaba; la flexibilidad sobre los criterios de aplicación, que se otorga a las CCAA en el Real Decreto-ley 5 y 6/2021 por los que adoptan medidas de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19, crea a las empresas de transporte que operan en todo el territorio nacional importantes perjuicios, agravios comparativos y una discriminación de unas empresas frente a otras por razón de su domicilio; entidades en idéntica circunstancia económica tendrán o no derecho a recibir una ayuda y de distinto importe en función de su localización geográfica, lo que supone no sólo una clara desventaja competitiva para las empresas de nuestro sector sino además un riesgo en la pervivencia de un gran número de empresas. Así, por ejemplo, hay territorios que modifican los criterios de consideración de “empresa con dificultades”, en los que no basta con tener pérdidas sino que se atiende a criterios de equilibrio patrimonial (fondos propios por debajo de la mitad de la cifra de capital); y en las Islas el importe máximo de la ayuda va desde los 500000 € en Baleares hasta los 5 millones de euros en Canarias para las empresas de más de 50 trabajadores. ANETRA, al igual que nuestra Provincial AETRAM en su ámbito competencial, ha denunciado esta situación ante la Vicepresidenta primera y Ministra de Economía, Dª Nadia Calviño, la Ministra de Transporte, Raquel Sanchez Jiménez, y el Secretario de Estado de Turismo, solicitando una modificación de los criterios de aplicación previstos y un aumento del importe máximo de las ayudas a aquellos CNAES de sectores productivos que han sufrido un mayor impacto por la crisis provocada por la pandemia, y sobre los que persisten los efectos negativos respecto al pleno restablecimiento de la actividad empresarial, actualmente asimétrica y sectorizada, como es el caso del transporte discrecional de viajeros por carretera (CNAE 4939).