Las medidas de apoyo a las empresas durante la crisis desatada por la irrupción del Covid-19 han incluido instrumentos para evitar que las graves dificultades de negocio que viven muchas PYMES se traduzcan en una cascada imparable de concursos de acreedores. La ampliación hasta final de año de la suspensión del deber de los administradores de solicitar el concurso voluntario, una vez identificada la situación de insolvencia, ha mantenido hibernadas financieramente hasta ahora a miles de PYMES. Como esa moratoria no puede ser eterna, el Gobierno de España trabaja ya para mejorar la regulación general de los concursos mediante la trasposición de la directiva europea que regula quiebras y reestructuraciones, una norma que dotará a España de un nuevo marco normativo en 2022. Entre sus novedades destaca la ampliación hasta 12 meses de la fase de preconcurso, frente a los cuatro meses actuales, lo que dará más tiempo a las PYMES para refinanciar y reestructurar sus deudas y evitar la fatalidad del concurso. La nueva normativa dará facilidades para forzar a los acreedores a aceptar pactos de reestructuración y permitirá quitas de hasta el 100%.

Economía ampliará el plazo de los preconcursos a un máximo de 12 meses | Economía | Cinco Días (elpais.com)