Otra cuestión que resulta prioritaria es la relativa a los plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas sobre los servicios efectuados por las PYMES, con el objeto de llevar el bienestar a la ciudadanía que corresponda. Son medidas de coste cero para la Administración, ya que son partidas ya presupuestadas de las cuales solo tienen que llevarse a cabo. Como todo contrato, derechos y obligaciones tienen las partes; si hay retrasos en los pagos, hasta incluso hay descritos en muchas ocasiones intereses de demora. Pero ante servicios efectuados, en los que se ha invertido recursos materiales y humanos para llevarlos a cabo, lo que se desea es recibir la contraprestación en tiempo y forma. Los poderes públicos deben ser sensibles a la hora de no ahogar con sus decisiones a quienes cumplieron con ellos y con el Estado de Bienestar.

Las comunidades autónomas pagan por primera vez en la historia por debajo de los 30 días – elEconomista.es