El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley de Sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, por el cual, entre otras consideraciones, se prorrogan las ayudas al servicio de viajeros por carretera, por un volumen similar de 450 millones de euros, al que se acordó en el pasado mes de marzo, con el fin de combatir los efectos negativos de la guerra de Ucrania en los precios de los carburantes.
Esta nueva norma, ha sido valorada positivamente, como “ayuda directa por autorización” por la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA), que “alivia ligeramente” hasta final de año, la liquidez de las empresas de transportes de viajeros discrecional, regular de uso especial y turístico, dado que el incremento de los precios de la energía, los combustibles y productos derivados, suponen más de un 20 por ciento de los costes por autocar.
Al igual que el Decreto aprobado en marzo, las cantidades subvencionadas por unidad de medio de transporte siguen siendo las mismas: 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús y autocar, 500 euros por ambulancia, y 300 euros por taxi y VTC, con un máximo de 400.000 euros por empresa. A estas ayudas se presentaron en la primera edición 140.000 solicitudes.
En este segundo tramo, de septiembre a diciembre, se incorporan ayudas a los autobuses urbanos y se dirige a las empresas que presten servicios públicos colectivos urbanos o suburbanos. Para este tipo se reservan 12 millones de euros. Y una novedad más del nuevo Decreto es que los taxis con licencia para operar en Ceuta y Melilla también podrán optar a estos fondos.
La petición de las subvenciones directas por vehículo se puede solicitar a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a partir del día 4 de agosto, y hasta el 30 de septiembre. Sus beneficiarios son los autónomos y las empresas con licencia para operar los citados medios de transporte de viajeros.
Sin embargo, no se ha recogido lo anunciado por la ministra Raquel Sánchez el pasado 14 de julio, de que se habilitarían legalmente, a todas aquellas administraciones que lo deseasen, para garantizar la prestación de los servicios de transporte pudiendo realizar un reequilibro de sus contratos de transporte en autobús para compensar los costes extraordinarios que han supuesto la subida de los precios del combustible y sus derivados.
La ministra había anunciado que, en la nueva normativa, que se iba a aprobar el uno de agosto por el Consejo de ministros, se iba a introducir una habilitación para tal fin. Y que sería aplicable tanto para aquéllos que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar o transporte sanitario.
Desde ANETRA se pide el apoyo de la administración para preservar el tejido empresarial y garantizar la prestación de los servicios de transporte regular de uso general y especial (escolar, de mayores y trabajadores), imprescindibles para el ciudadano.
Se considera que sin ese apoyo y la “revisión extraordinaria de precios en los contratos públicos, estimamos que van a desaparecer muchas empresas de transporte de viajeros al no poder asumir el incremento de costes y no trabajar a un precio justo”.
En lo que respecta a las medidas acordadas en marzo, se mantiene, hasta final de año la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasolina/gasóleo, para mitigar los precios de los combustibles.
También siguen en vigor otros mecanismos de ayudas directas a empresas y autónomos, como la ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO, la creación de una nueva línea de créditos y la devolución mensual del combustible profesional desde abril, frente al período trimestral que había hasta ahora.