La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA), ha iniciado una serie de contactos con los diferentes grupos políticos del Congreso de los Diputados para conseguir apoyo en la tramitación de la proposición de Ley que busca actualizar los precios en los contratos del sector público. Esta iniciativa, que se encuentra actualmente en el Pleno del Congreso en fase de toma de consideración, propone modificar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, permitiendo la revisión de precios en contratos de servicios ante incrementos salariales imprevistos o extraordinarios.
Las empresas asociadas a ANETRA, pymes del transporte de viajeros por carretera, tanto en el segmento de transporte discrecional como del regular de uso especial, están vinculadas al sector público mediante contratos de servicios. Estas empresas, que prestan servicios esenciales como el transporte escolar y de trabajadores, se han visto gravemente afectadas por la actual regulación de la ley de contratos públicos, que impide la revisión de precios en cualquier circunstancia.
Un claro ejemplo de esto fue el incremento extraordinario del precio del gasoil debido a la guerra en Ucrania en 2022, que supuso una subida de casi un 40% en un solo año. Otro, el aumento salarial tras la negociación de convenios colectivos, que supone un importante incremento de costes para un tipo de empresas en las que el gasto de personal puede alcanzar hasta un 40% de la estructura de costes.
“ANETRA, como asociación representativa de las pymes del transporte de viajeros por carretera, ha demandado de manera constante una modificación normativa como la que ahora se propone. Esta modificación ofrecería un marco de mayor seguridad y previsibilidad para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que constituyen el 99% del tejido empresarial en España”, explica Luis A. Pedrero, presidente de la organización. En este sentido, añade, “ANETRA se compromete a desplegar y buscar todos los apoyos posibles para que el Pleno apruebe esta propuesta, con el objetivo de conseguir un sistema de contratación pública más justo, sostenible y eficiente”.
