El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado esta semana que el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible irá en febrero a Consejo de Ministros para su aprobación y así poder reiniciar cuanto antes su tramitación parlamentaria.
“El nuevo compromiso que hemos contraído con Bruselas es el de tenerla aprobada antes de finalizar el año. Va a ser una ley en la que establecemos una auténtica política nacional de movilidad y transportes”, ha explicado Óscar Puente en una comparecencia donde ha desgranado las prioridades del Ministerio entre las que ha destacado esta ley, que tendría que haber entrado en vigor el año pasado, pero cuya tramitación decayó por el adelanto electoral.
Según el ministro, el pilar normativo que proporcionará está ley será fundamental para completar la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura, y para avanzar en la transformación de la ciudad de los coches a la ciudad de las personas. En esta línea, Puente ha asegurado que con esta ley se establecerán las reglas para cogobernar la movilidad entre las distintas Administraciones y será el instrumento que permita acelerar la descarbonización del transporte, impulsando definitivamente el transporte de mercancías por ferrocarril. Además, “reforzará el papel de las zonas de bajas emisiones, facultando la implantación a los Ayuntamientos de tasas de circulación o peajes urbanos y la que determinará en el futuro las decisiones de inversión en infraestructuras para garantizar su rentabilidad socioambiental”. Asimismo, determinará en el futuro las decisiones de inversión en infraestructuras para garantizar su rentabilidad socioambiental e impulsará definitivamente el transporte de mercancías por ferrocarril.
Óscar Puente ha hecho hincapié en que la prioridad del Ministerio es contribuir a transformar España, para lo cual se dispone de una gran capacidad inversora. Una transformación que, en todo caso, ha de ir de la mano de la descarbonización del sistema de transportes, lo que convierte al ferrocarril y al transporte público en las piedras angulares de la estrategia del Departamento. Cabe destacar el papel de los fondos europeos del Plan de Recuperación, que ofrecen una gran oportunidad para acelerar inversiones e impulsar una movilidad sostenible, así como la necesidad de cooperar con el resto de las administraciones públicas y con el sector privado para que este dinero llegue a la economía real.
Otra de las prioridades es vincular la movilidad a la protección del medio ambiente y al desarrollo económico y social. Para ello, ha explicado, se requieren transportes más eficientes e inteligentes, impulsando los modos menos contaminantes, como el ferrocarril en ámbitos interurbanos, y el transporte público y el coche compartido en ámbitos urbanos; promoviendo la intermodalidad; desplegando las redes de abastecimiento y recarga de vehículos limpios; fomentando la bicicleta y los desplazamientos a pie; y limitando el uso de vehículos contaminantes en las grandes ciudades y proporcionando las alternativas para ello.
