Un autocar lleno de viajeros puede sustituir entre 12,5 y 41 coches privados, dependiendo de si éstos llevan 4 pasajeros o 1,2, que es la media de ocupación en España. Sacar todos esos vehículos de la carretera en numerosos desplazamientos supondría una importante reducción de emisiones y consumo de combustible e importantes mejoras desde el punto de vista de la seguridad vial y la descongestión del tráfico. Con las herramientas digitales existentes en la actualidad garantizar el acceso y el derecho a la movilidad de los ciudadanos en esos desplazamientos, optimizando el ajuste entre oferta y demanda, resulta más fácil de lo que ha sido en ningún otro periodo histórico.

Fueron datos y reflexiones fundamentales aportados por Luis A. Pedrero, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA), durante su intervención ante más de 160 profesionales, empresarios del sector y autoridades al más alto nivel de la Administración Central y de siete comunidades autónomas, en el reciente Foro del Transporte Escolar y Discrecional organizado en Valencia por la asociación que representa a la pymes del transporte de viajeros.

Sin embargo, explicó Pedrero, el marco regulatorio actual impide o dificulta que los empresarios del autocar que prestan este tipo de servicios puedan desplegar todo su potencial tanto en el transporte discrecional de viajeros, al no poder vender a varios contratantes o plaza a plaza, como en el de trabajadores, al tributar las rutas laborales como salario en especie desincentivándolo por el coste fiscal y de carga burocrática que representa.

El presidente de ANETRA describió, asimismo, con numerosos ejemplos, tanto de espectáculos masivos como de desplazamientos de empleados a centros de trabajo, la contradicción existente entre las actuales estrategias de movilidad sostenible diseñadas por las Administraciones Públicas en favor de un cambio modal, generalmente desde el coche particular hacia otros modos más sostenibles como el transporte de viajeros en autobús, y las enormes limitaciones que representan tanto la prohibición en nuestro país de la venta plaza a plaza para el discrecional como la tributación en especie del laboral.