La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA) advierte de que las ayudas públicas destinadas al transporte regular pueden terminar respaldando ofertas imposibles de igualar por las PYMEs en los mercados liberalizados. Una reciente licitación pública ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que preocupa a ANETRA: ¿compiten realmente en igualdad de condiciones las empresas del mercado concesional y las PYMEs que trabajan en los mercados liberalizados del transporte discrecional, escolar, laboral y turístico?
En este caso, una empresa justificó su oferta anormalmente baja argumentando que buena parte de los costes necesarios para prestar el servicio —vehículos, conductores, seguros y estructura— ya estaban cubiertos por su actividad concesional.
La diferencia es fácil de entender: mientras unas empresas tienen que calcular cuánto cuesta prestar un servicio, otras pueden calcular simplemente cuánto más les cuesta prestarlo porque una parte importante de sus costes ya está cubierta por los ingresos de una concesión.
Y ambas compiten por el mismo contrato.
El dinero público no puede acabar financiando precios imposibles
ANETRA no cuestiona que una gran empresa sea más eficiente, compre mejor o aproveche mejor sus recursos. Eso es competir.
La pregunta es de dónde procede la ventaja que permite ofrecer precios extraordinariamente bajos.
Entre 2022 y 2026, el Estado ha destinado 6.500 millones de euros al transporte público, a través de compensaciones, bonificaciones, gratuidades e incentivos a la demanda que han beneficiado especialmente al transporte regular de uso general.
Un fuerte respaldo público que convive, además, con numerosas concesiones que siguen operando mucho más allá de sus plazos contractuales, algunas desde hace décadas.
ANETRA nunca ha cuestionado estas ayudas. Lo que cuestiona es que las ventajas generadas con ese respaldo público puedan utilizarse después para competir en los mercados liberalizados.
Cuando los vehículos, conductores o instalaciones de una actividad concesional se utilizan también para conseguir contratos escolares, laborales, discrecionales o turísticos, el operador puede llegar a esos concursos con una parte importante de sus costes ya cubierta.
Lo que una PYME tiene que pagar con el precio de ese contrato, otro operador puede tenerlo ya pagado por su actividad concesional respaldada con dinero público.
Ahí está la cuestión: el dinero público debe servir para el servicio al que fue destinado, no para ofrecer precios imposibles de igualar en servicios de otros mercados.
¿Protección del servicio o ventaja para el operador?
El reciente caso del Playa Bus mostró una cara de esta realidad. Una iniciativa de transporte discrecional encontró importantes limitaciones al afectar a tráficos protegidos por una concesión.
Las ofertas anormalmente bajas muestran ahora la situación contraria: operadores concesionales que salen a competir en los mercados liberalizados pudiendo aprovechar recursos y costes ya cubiertos por su actividad en un mercado protegido.
Para ANETRA, la contradicción es evidente: no se puede cerrar un mercado para proteger una concesión y trasladar después las ventajas de esa protección a los mercados liberalizados.
Mientras el mercado concesional se refuerza, las PYMEs desaparecen
Y todo esto ocurre mientras el tejido empresarial del transporte de viajeros se reduce.
En apenas cinco años, el número de empresas ha pasado de 2.979 a 2.670, una caída superior al 10 %.
Detrás de estas cifras hay principalmente PYMEs y empresas familiares, muchas con décadas de trayectoria y especialmente presentes en el transporte discrecional, escolar, laboral y turístico.
Son empresas que viven del mercado, generan empleo local, invierten en sus propios vehículos y dependen de los contratos que consiguen para seguir funcionando.
ANETRA no cuestiona que una gran empresa compita con una PYME. Cuestiona que ambas tengan que competir por el mismo contrato partiendo de condiciones muy diferentes.
Si esta tendencia continúa, la Asociación advierte del riesgo de seguir perdiendo PYMEs familiares, empresas locales y operadores especializados que durante décadas han formado parte esencial del transporte de viajeros en España.
ANETRA reclama neutralidad competitiva
ANETRA pide algo sencillo: mismas reglas para todos y más control sobre el dinero público que recibe el mercado concesional.
Si los autobuses, trabajadores o instalaciones de una concesión sirven también para conseguir otros contratos y generar nuevos ingresos, la Administración debe saberlo y tenerlo en cuenta.
Porque las cuentas tienen que hacerse en los dos sentidos. Si una concesión necesita más recursos para mantener el servicio, la Administración interviene. Pero si esa misma concesión genera nuevos ingresos aprovechando sus recursos fuera de ella, también debe revisarse su situación para evitar que reciba más de lo necesario.
Eso es lo que reclama ANETRA: saber dónde va el dinero público, comprobar cómo se utilizan los recursos que ayuda a sostener y evitar que exista una financiación excesiva de las concesiones.
Especialmente cuando hablamos de un sistema que ha recibido un enorme respaldo público y en el que numerosas concesiones llevan años, e incluso décadas, funcionando más allá de sus plazos contractuales.
No se trata de proteger a unas empresas frente a otras.
Se trata de que el dinero público destinado a garantizar un servicio no termine dando ventaja para ganar contratos en otro mercado.
Mismo mercado, mismas reglas. Eso es neutralidad competitiva.
